El Gobierno nacional busca transferir rutas a provincias para concesiones locales
El Gobierno de Argentina avanza en un esquema para transferir rutas nacionales a las provincias con el objetivo de que sean las propias jurisdicciones las que concesionen y financien obras de infraestructura vial.
Según indicaron desde la Casa Rosada, el plan es impulsado por el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, junto a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Las negociaciones ya están en marcha con distintos distritos, aunque aún no hay definiciones cerradas.
La iniciativa apunta a que cada provincia diseñe su propio esquema de concesión para rutas que no forman parte de la Red Federal de Concesiones ya licitada por Nación. De esta manera, podrían financiar obras de mantenimiento, ampliación y mejoras mediante peajes u otros mecanismos, sin recurrir a fondos del Tesoro nacional.
El modelo responde a la necesidad de atender corredores con fuerte impacto productivo local, como los vinculados a la actividad petrolera, minera o agroexportadora. En esos casos, la lógica oficial es que las provincias, con intereses económicos directos, asuman la gestión y explotación de las trazas.
En paralelo, el Gobierno ya puso en marcha un plan nacional de concesiones que abarca más de 9.000 kilómetros de rutas en distintos corredores del país, y trabaja en un երկրորդ paquete de aproximadamente 12.000 kilómetros para obras de mayor escala, también bajo esquemas de inversión privada.
Uno de los casos más avanzados es el de Santa Fe, donde se anunció la cesión de la ruta nacional A012, clave para la conexión logística del Gran Rosario. El gobernador Maximiliano Pullaro confirmó que la provincia planea intervenir el corredor una vez concretado el traspaso.
Desde Nación aseguran que el objetivo es “federalizar” la gestión de la infraestructura vial y adaptar las obras a las necesidades de cada región. No obstante, reconocen que aún restan definiciones técnicas, esquemas de financiamiento y acuerdos políticos con cada provincia.
La estrategia también tiene un trasfondo político: fortalecer el vínculo con gobernadores en un contexto donde el Ejecutivo necesita consensos para avanzar con su agenda legislativa, ofreciendo soluciones concretas para uno de los reclamos históricos del interior.
